No sólo no estoy de acuerdo con la sanción impuesta al juez Rafael Tirado, por muy ridícula que a muchos, tal vez a la mayoría, les pueda parecer, sino que me parece obscena la forma en la que, desde el ministro Mariano Fernández Bermejo (que asegura que “es difícil estár de acuerdo con tan poca cosa”, en referencia a la sanción) al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo (que ni siquiera han abierto la boca), pasando por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, han ofrecido en sacrificio la cabeza del juez para salvar las suyas. También la mayor parte de los medios de comunicación han contribuido a este linchamiento.
Tengo serias dudas, además, sobre la posibilidad de que esa sanción pueda llegar alguna vez a hacerse efectiva. Entre otras cosas, porque conculca el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Y me explico: si Santiago del Valle, el presunto asesino de la pequeña Mari Luz, aún no ha sido juzgado por este crimen para el que no existen calificativos, la sanción impuesta al juez Rafael Tirado habría que hacerla extensiva a todos los jueces de España con sentencias pendientes de ejecutar. De lo contrario, también se estaría violando (como de hecho se está haciendo) el derecho a la presunción de inocencia del presunto criminal.
El juez ya ha anunciado que la piensa recurrir. Es lógico. Yo me pregunto, incluso, si la decisión no podría ser hasta constitutiva de un presunto delito de prevaricación. Ya saben, ese delito consistente en la adopción, por parte de un funcionario o cargo público, de una decisión injusta a sabiendas de que lo es.
La falta de medios con que cuentan los juzgados de toda España no es ni nueva ni culpa de los jueces. Como no es culpa del juez Tirado la muerte de Mari Luz, por mucho dolor que sienta la familia y mucha rabia y sed de venganza que se haya instalado en buena parte de la sociedad por este caso, que eso es lo único que trata de saciar esta sanción, con la que algunos tratan de dar carpetazo al asunto y poner sordina a un escándalo de mucho mayor alcance.
Mari Luz murió. Y no debería haber muerto. Pero por su muerte pagará su asesino. Por supuesto, ningún castigo va a devolverle la pequeña a sus padres. Tampoco el impuesto al juez Tirado.
No excuso al juez, que debería haber haber enviado a Del Valle a prisión por un crimen anterior. Si ha de pagar la sanción por su falta de celo (dejando a un lado la carencia de medios de su juzgado, como la del resto de los juzgados de España), de acuerdo, que lo haga. Los errores, aun los involuntarios, se pagan. Pero que lo hagan también todos los jueces de España que se encuentren en la misma situación, hayan o no cometido nuevos crímenes los condenados que deberían haber enviado a prisión y que siguen en la calle. Porque se supone que la sanción a Rafael Tirado nada tiene que ver con la muerte de Mari Luz, que no ha sido aún juzgada.
Pero que paguen, entonces, también los legisladores que han hecho leyes que permiten a los condenados estar en la calle. Y que paguen los responsables políticos que gastan el dinero público en farfolla mientras los funcionarios judiciales siguen reclamando medios y denunciando el exceso de trabajo. Y que paguen igualmente los partidos que prometen en campaña electoral resolver los problemas de la Justicia y nada hacen por ello cuando acceden a dirigir los gobiernos, y que además se felicitan por haber conseguido conformar un pleno del Consejo General del Poder Judicial con un perfil tan político que sus decisiones podrían tomarse en el Parlamento, conculcando otro principio básico de la democracia, como el de la separación de poderes.